Por: Anthony Gerson Silva Salazar (enero,2026) 

Resumen: El presente artículo analiza las implicancias procesales y operativas del Decreto Supremo N° 029-2025-JUS, que aprueba el nuevo Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Aplicación del Proceso Inmediato. Se examina la reconfiguración de la flagrancia delictiva, el rol de las Unidades de Flagrancia y los plazos perentorios establecidos para la audiencia única de juicio, en concordancia con las recientes reformas del Código Procesal Penal peruano.

Palabras clave: Proceso inmediato, flagrancia delictiva, Decreto Supremo 029-2025-JUS, litigación penal, celeridad procesal.

Introducción y Contexto Normativo:

La evolución de la reforma procesal penal en el Perú ha mantenido una tensión constante entre la garantía del debido proceso y la necesidad de una justicia célere. En este contexto, la publicación del Decreto Supremo N° 029-2025-JUS el 2 de enero de 2026 marca un hito operativo fundamental. Esta norma, que deroga expresamente el anterior protocolo de 2018 , surge como una respuesta necesaria a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1605 y la Ley N° 32348, esta última creadora del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.

Como operadores jurídicos, debemos entender que este nuevo instrumento no es meramente administrativo; redefine la interacción entre la Policía Nacional (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública, estableciendo lineamientos de cumplimiento obligatorio para optimizar la investigación y juzgamiento en casos de evidencia delictiva clara.

Presupuestos Materiales: La Evidencia y la Simplicidad

El corazón del proceso inmediato bajo este nuevo protocolo reside en dos columnas vertebrales: la simplicidad procesal y la evidencia delictiva. La norma es clara al establecer que este proceso especial busca eliminar etapas del proceso común (investigación preparatoria formal y etapa intermedia regular) bajo la premisa de que la actividad probatoria es reducida.

Para su incoación, el Fiscal debe verificar la concurrencia de flagrancia delictiva, confesión sincera o elementos de convicción evidentes acumulados durante las diligencias preliminares. Resulta vital destacar que el protocolo recoge la doctrina jurisprudencial (Acuerdo Plenario Extraordinario N° 02-2016/CJ-116) para delimitar la flagrancia en tres supuestos operativos:

Flagrancia clásica (strictu sensu): El agente es descubierto en la realización del hecho o acaba de cometerlo.

Cuasi flagrancia (flagrancia material): El agente es descubierto y huye, siendo aprehendido inmediatamente tras una persecución.

Flagrancia presunta (ex post ipso): El agente es encontrado dentro de las 24 horas con efectos o instrumentos del delito que indican su autoría, sin que haya habido persecución directa.

La Dinámica Operativa en las Unidades de Flagrancia

Una innovación sustancial del protocolo es la integración operativa de las Unidades de Flagrancia Delictiva. El texto normativo dispone que, producida la detención, el efectivo policial debe comunicar de manera inmediata al fiscal de dicha unidad. Si estas unidades no están implementadas en el distrito judicial correspondiente, la comunicación se dirige a la fiscalía penal de turno.

Desde la perspectiva de la litigación, es crucial observar el rol de las actas policiales. El protocolo exige que estas se redacten en el lugar de los hechos y, solo excepcionalmente, en la dependencia policial, debiendo garantizarse la cadena de custodia y la lectura de derechos al detenido (artículo 71.2 del CPP). El control de legalidad de la detención se convierte así en el primer filtro de la defensa técnica, dado que si el Fiscal determina que la detención no fue flagrante o fue arbitraria, debe disponer la libertad del detenido.

El Cronograma Acelerado: De la Incoación al Juicio

El protocolo estructura el proceso en pasos rigurosos que exigen una actuación diligente de la defensa.

Audiencia de Incoación: Debe realizarse dentro de las 48 horas de recibido el requerimiento fiscal. En esta audiencia, el Juez de Investigación Preparatoria (JIP) realiza un control bifronte: primero sobre la legalidad de la detención y luego sobre la procedencia del proceso inmediato.

Acusación: Si se declara procedente la incoación, el Fiscal tiene un plazo perentorio de 24 horas para emitir el requerimiento acusatorio.

Audiencia Única de Juicio Inmediato: El Juzgado Penal debe programar esta audiencia en un plazo máximo de 72 horas desde la recepción del auto de incoación. Esta audiencia es acumulativa; incluye el control de acusación y el juicio oral propiamente dicho de manera ininterrumpida.

Para delitos específicos como la Omisión de Asistencia Familiar, el protocolo detalla requisitos documentales precisos (liquidación de devengados, requerimiento de pago y notificación bajo apercibimiento) que el Fiscal debe calificar antes de incoar el proceso, lo cual otorga previsibilidad a la defensa en estos casos de alta incidencia.

Reflexión Final:

Si bien la estandarización de procedimientos a través del Decreto Supremo N° 029-2025-JUS representa un esfuerzo loable por dotar de previsibilidad y orden a la persecución penal en casos sencillos, la compresión extrema de los plazos procesales —particularmente el lapso de 24 horas para acusar y 72 horas para instalar el juicio— podría devenir en una merma sustancial del derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, transformando el proceso inmediato en una maquinaria de condenas expeditas donde la "evidencia delictiva" se asume dogmáticamente sin un contradictorio real y pausado, riesgo que se agrava en distritos judiciales donde la defensa pública se encuentra saturada y la defensa privada enfrenta barreras de acceso a la carpeta fiscal en tiempo real.

Referencias Bibliográficas:

1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2026, 2 de enero). Decreto Supremo N° 029-2025-JUS: Decreto Supremo que aprueba el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Aplicación del Proceso Inmediato. Diario Oficial El Peruano.
2. Poder Ejecutivo. (2026). Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Aplicación del Proceso Inmediato. Anexo del Decreto Supremo N° 029-2025-JUS.